Conapyme advierte graves consecuencias, si se reduce a 40 horas la jornada de trabajo

Asegura que de aplicarse esta medida, que hoy se tramita en el Parlamento, se producirá la disminución de los trabajadores contratados, la no contratación de nuevos trabajadores y, en numerosos casos el cierre de las empresas.

A continuación compartimos con ustedes la Declaración Pública emitida hoy por el Consejo Nacional de Micro, Pequeña y Mediana Empresa de Chile:

Desde el momento de su presentación, el proyecto de reducción de la jornada laboral de 45 a 40 horas semanales ha avanzado con una celeridad inusitada. En principio parece muy difícil oponerse a que los trabajadores tengan acceso a jornadas de trabajo más reducidas, en un país como Chile, donde estas son muy largas y se suman a un sistema de movilización publica de tal nivel de ineficiencia, que al menos un 25% de tiempo adicional debe sumarse a la jornada de trabajo real que enfrentan los trabajadores.

Sin embargo, cuando las leyes se elaboran y promulgan de un modo irreflexivo, pensando en su popularidad, pero no en sus consecuencias, los resultados suelen ser distintos a los esperados. Es por ello que, en aquellos casos en que las consecuencias terminan por ser evidentes a plena vista, las normas a las cuales los parlamentarios han encontrado demasiado difícil oponerse, rápidamente se convierten en algo de lo cual todos desean desmarcarse y hacer olvidar su anterior apoyo.

¡Yo no sabía¡, ¡yo voté por error¡, ¡no me eran evidentes todas sus consecuencias¡, y otras explicaciones similares, pasan a ser esgrimidas por legisladores que antes votaron llenos de seguridad y entusiasmo.

Seguramente escucharemos esas opiniones en un par de años más, cuando todos veamos las negativas consecuencias de reducir la jornada laboral, sin medir las consecuencias que sobre las Pymes descargará esta ley, de ser aprobada en su actual forma.

Las Pymes dan trabajo a poco menos del 50% de los trabajadores del país que poseen contrato de trabajo y a un 27% adicional que se desempeña informalmente en microempresas de gran fragilidad económica. Para hacer frente a ese nivel de contratación, el millón de Pymes en operación en nuestro país, cuenta tan solo con los escasos recursos que le aportan el 14% de las ventas totales efectuadas en Chile.  De otro lado, 30 mil grandes empresas le dan trabajo al restante 50% de la fuerza de trabajo, para lo cual cuentan con los enormes recursos que les aportan el control del 85% de las ventas totales de la economía.

El peso promedio de los costos de la mano de obra en la pequeña empresa es poco más de la mitad de dicho costo en las grandes empresas, quienes invierten grandes montos por cada trabajador contratado, lo cual no ocurre en las Pymes, cuya tecnología es atrasada y su inversión muy básica. Más aun, según las cifras oficiales, para la totalidad de la economía, se observa que la generación de valor agregado por parte de las grandes empresas es 28 veces mayor a aquella generada por las microempresas, lo que se traduce en un 73,9% de participación versus un 2,7%. Incluso las grandes empresas generan casi el triple (2,8 veces) del valor agregado por las empresas de menor tamaño en su conjunto (micro, pequeña y mediana).

Dada esa realidad, ¿es posible asumir que de ser aprobada la rebaja de un 11% en la jornada de trabajo, manteniéndose constante el nivel de remuneraciones, el impacto de la ley será igual en todas las empresas?

Naturalmente que no, el impacto implicará para las Pymes un incremento de los costos del trabajo cuyo efecto será casi el doble que el impacto que ejercerá en las grandes empresas. Estas poseen elementos de sobra para compartir con sus trabajadores sus ganancias de productividad pasadas.

Sin embargo, las Pymes solo podrán echar mano a sus paupérrimas utilidades, de tal modo que, en la gran mayoría de los casos, el efecto de la ley será descargado en exclusividad sobre ellas.

El efecto de la ley en las Pymes será, la disminución de los trabajadores contratados, la no contratación de nuevos trabajadores o, en numerosos casos el cierre de las empresas. Ello implicará, mayor concentración de los mercados, pues las grandes empresas ocuparán aquellos segmentos de mercado en que las Pymes ya no podrán operar y de otro lado menores niveles de empleo, pues las Pymes no poseerán recursos para contratar nuevos trabajadores. En tanto las grandes empresas, con fluido acceso al capital, solo requerirán automatizar funciones requiriendo menos trabajadores, para que la ley no los afecte.

Los incrementos salariales vía reducción de la jornada laboral, no son sostenibles sin incrementos de productividad, pues no es razonable asumir que todas las empresas aumentaran automáticamente su productividad producto de la promulgación de esta ley. Sin duda es natural que países de mayor productividad que Chile estén reduciendo su jornada de trabajo, pero hacerlo sin poseer ese nivel de productividad no es una medida sensata.

Para aumentar la productividad de una empresa se requiere acceso al capital, acceso a los mercados, acceso a capacitación y una cancha equilibrada en materia de competencia en los mercados. Nada de ello existe hoy para las pequeñas empresas.

Las Pymes siguen careciendo de acceso al crédito, donde se enfrentan a falta de acceso al crédito de largo plazo y carecen de tasas adecuadas. Las Pymes tampoco poseen acceso a la capacitación con fondos públicos, pues el 98,5% de esos recursos son destinados a las grandes empresas; en materia de libre competencia su ausencia campea en los mercados y la libre competencia es para las Pymes tan solo una buena idea, pues en la realidad son sometidas a pagos a destiempo y a barreras de entrada a los mercados cada vez más altas, entre otras múltiples discriminaciones.

Las condiciones impuestas por el retail a sus proveedores son cada vez más abusivas, en tanto desde el Estado, se retrocede en lo poco que se había avanzado. Un ejemplo de ello es la regresión de Chile Compras, cuyas nuevas reglas parecen destinadas a aumentar el peso de las grandes empresas en las compras públicas, las que cada día más, excluyen por decreto a las Pymes de futuras licitaciones y de Convenios Marco, hechos a medida para grandes proveedores.

Ninguno de esos temas ha sido abordado por el poder legislativo, a la vez que, desde el Poder Ejecutivo, muy poco ha avanzado respecto a las soluciones que están en sus manos; tan solo han aumentado las cuñas periodísticas que muestran interés gubernamental en abordar esos problemas, pero en la realidad, los problemas de la PYME se mantienen intocados o incluso han empeorado con el correr de los meses.

Llamamos por ello al Congreso a reflexionar sobre las consecuencias que tendrá sobre las Pymes, esta ley en caso de ser promulgada, si nuestros parlamentarios piensan que no existirán consecuencias negativas, el país debiera conocer cuando menos en que antecedentes se han basado para llegar a esa conclusión.

Es necesario que la ley de rebaja de la jornada laboral contemple una aplicación diferenciada entre grandes y pequeñas empresas, así como una aplicación paulatina de esta en las Pymes, a la vez que la ley genere el espacio necesario para que nuestras empresas puedan acceder a los elementos necesarios para generar aquellos aumentos de productividad que hoy nos impiden afrontar con éxito los aumentos de costos laborales implícitos en este proyecto de ley.